En nuestro país es frecuente observar como se reflejan los daños ocasionados al medio ambiente por la contaminación sin que se mencionen los riesgos para la salud pública. Los efectos sobre la fauna y la flora, sobre el turismo o la economía, parecen tener más interés que los posibles daños sobre la salud humana. Esta percepción ha quedado patente en las primeras semanas después del hundimiento del Prestige.
Aún reconociendo que los impactos de tipo económico, turístico y ambiental son de una gran envergadura, señalamos la importancia que para la salud de la población expuesta y población general puede tener este vertido y que no hemos visto reflejada en las comparecencias ante los medios de comunicación, de los responsables públicos de la gestión de este desastre.
Las Autoridades sanitarias han permanecido en un tercer plano, a pesar del impacto indudable que la exposición al fuel tiene en los profesionales, y voluntarios que trabajan en su recogida, así como en la población expuesta, como reflejan los informes sanitarios de las autoridades francesas a raíz del vertido del Erika. Por ello, las sociedades científicas de salud pública queremos expresar nuestras propuestas al Ministerio de Sanidad y Consumo, con el objetivo de contribuir a la adopción de las medidas más eficaces para prevenir los riegos asociados a los contaminantes ambientales procedentes del vertido.
Consideramos que hasta el momento no ha existido una información clara y transparente sobre las medidas adoptadas para evaluar y prevenir los posibles riesgos asociados a la exposición de sustancias
tóxicas por vía directa o indirecta. Es urgente y necesario que se adopte una política transparente y activa sobre el seguimiento de las personas que han estado y están en contacto con el fuel. La solicitud de esta información no puede asociarse a ninguna actitud política.
Nuestra única intención es contribuir al debate técnico sobre las medidas que deben aplicarse para garantizar la salud humana. Desde este punto de vista y sobre la base de las experiencias similares vividas en otros lugares como el Exxon Valdez en Alaska, el Sea Empress en el suroeste de Gales, el Nakhodka en Japón, el Erika en Francia o el Baltic Carrier en Dinamarca, proponemos que se lleven a cabo las siguientes acciones en orden a prevenir los potenciales efectos derivados de la posible exposición al conjunto de compuestos tóxicos del vertidos:
- Realizar la evaluación del riesgo del fuel que incluya las cuatro fases adoptadas por la normativa comunitaria sobre esta materia (Directiva 93/67/CEE, Reglamento 793/93 del Consejo y Reglamento 1488/94 de la Comisión). La evaluación debe centrarse en los principales factores de riesgo: hidrocarburos aromáticos policíclicos, los compuestos orgánicos volátiles y los metales pesados, lo que dará una dimensión real del problema a controlar.
- Diseñar un sistema de vigilancia periódica del estado de la salud de las personas que trabajaron en la recogida del vertido y limpieza de las playas, al margen de su vinculación laboral: voluntarios, pescadores, vecinos, militares, etc. Para ello, es necesario contar con el censo nominal de todas las personas implicadas, la actividad, tiempo de trabajo y las condiciones de trabajo. El protocolo de estudio debe permitir realizar un seguimiento a largo plazo de las personas estudiadas con el fin de valorar efectos crónicos.
- Delimitar las zonas afectadas por las sucesivas mareas y establecer rangos de afectación en función de la superficie contaminada. Establecer medidas de señalización sobre los usos o prohibiciones que sea necesario aplicar.
- Establecer programas específicos de vigilancia y control de las condiciones higiénico-sanitarias de las zonas de baño afectadas por los vertidos, tanto de la calidad del agua como de la arena, rocas, etc. Aplicación de la Directiva 76/160/CEE, del Real Decreto 734/88 y de la legislación autonómica sobre calidad de las aguas de baño.
- Elaborar programas específicos de vigilancia y control de suelos afectados y su posible impacto ambiental.
- Establecer programas específicos de vigilancia de la calidad del aire atmosférico de las poblaciones afectadas por el vertido, con especial énfasis en la determinación de benceno, tolueno, xileno y otros compuestos orgánicos volátiles, así como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados en los aerosoles que se identifiquen en el estudio previo de la caracterización de las emisiones del vertido.
Los puntos 4, 5 y 6 deberían ser llevados a cabo desde este momento y tendrían un horizonte de años con el fin de evaluar el riesgo ambiental “residual” que puede permanecer. Se podrían valorar actuaciones complementarias entre los usuarios de las playas. - Realizar un programa específico de gestión de riesgos alimentarios basado en criterios científicos, para evitar la comercialización de productos de la pesca hasta que se constate su inocuidad.
- Establecer un sistema de vigilancia periódica del estado de salud de los vecinos, cuyas poblaciones se han visto afectadas por los vertidos. Este sistema debe considerar, además de los efectos de la exposición al fuel, el impacto en la salud de la población causado tanto por las dificultades económicas como los posibles problemas de salud mental a consecuencia del siniestro.
Para los puntos 1 y 8 se deberían establecer estudios epidemiológicos específicos, que incluyan la medición de biomarcadores específicos, que tengan en cuenta los efectos de las exposiciones a corto, medio y largo plazo. - Establecer una adecuada comunicación del riesgo de manera sistematizada que permita conocer la situación a todas las partes implicadas y al conjunto de la sociedad.
- Coordinación y participación. Ante un riesgo para la salud pública que afecta directamente a las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y de forma indirecta al resto de CCAA, el Ministerio de Sanidad y Consumo debe coordinar las actuaciones supracomunitarias e interministeriales, y facilitar los recursos, tanto económicos como los técnicos especializados de los
diferentes centros de la Administración del Estado (Instituto de Salud Carlos III, Dirección General de Salud Pública, Agencia de Seguridad Alimentaria) y de la Administración de Justicia (Instituto Nacional de Toxicología) que pueden colaborar con los profesionales de las CCAA para adoptar las medidas adecuadas.
Para la programación y desarrollo de las actividades descritas, proponemos la creación de un grupo de trabajo compuesto por técnicos de las Administraciones sanitarias implicadas e investigadores de probada valía en la evaluación de riesgos ambientales, al que las sociedades científicas de salud pública apoyarían con la participación de profesionales acreditados de las áreas de sanidad ambiental, seguridad alimentaria, epidemiología y toxicología ambiental.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) que agrupa a más de 4.000 profesionales de las siguientes sociedades científicas: Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, Asociación de Economía de la Salud (AES), Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica (SEEP), Red Española de Atención Primaria (REAP), Hipatía, Asociación de Juristas de la Salud (JS), Asociación Madrileña de Administración Sanitaria (AMAS) y Sociedad Canaria de Salud Pública; así como la Asociación Española de Toxicología (AET), la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (SESAL) y la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental, ofrecen su colaboración a las Administraciones sanitarias a través del Ministerio de Sanidad para la aplicación efectiva de todas estas medidas con el único objetivo de unir fuerzas para garantizar la protección sanitaria de la población.
Para ello, solicitamos una entrevista con la ministra de Sanidad y Consumo, con la mayor brevedad posible.
Barcelona marzo 2003.