La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) presentó el pasado día 12 de julio en el Ateneo de Madrid el informe “La respuesta a la pandemia de la COVID-19. Lecciones aprendidas” que analiza el impacto de esta crisis sanitaria en nuestro país.
A lo largo de los 17 artículos que forman parte del informe bienal de SESPAS se realiza un análisis multidisciplinar de lo que han supuesto para la salud pública y las administraciones sanitarias estos más de 2 años de pandemia, del que se extraen algunas lecciones.
Entre ellas, se destaca la necesidad de mejorar la gobernanza de la salud pública en las líneas propuestas por el informe de SESPAS con recomendaciones sobre el diseño de una Agencia Estatal de Salud Pública. Se recomienda asimismo que la salud pública se integre en los niveles asistenciales y participe en el proceso de desarrollo digital del Sistema Nacional de Salud.
El informe recalca la importancia de ofrecer una mirada intersectorial en el abordaje de la pandemia. En este sentido, la aprobación del ingreso mínimo vital y los ERTE son considerados aciertos en la respuesta a la COVID-19. Sin embargo, en la comunicación del Gobierno español con respecto a la pandemia se aprecian errores como la difusión de mensajes demasiado tranquilizadores al inicio, la falta de transparencia o el exceso de información.
Otro de los aspectos señalados es la necesidad de modificar tanto la Ley que regula el estado de alarma como la de medidas excepcionales en materia de salud pública. Las normas aplicables en caso de pandemia no se ajustan ni a la actual estructura descentralizada del Estado ni a las exigencias de una pandemia de amplísima incidencia poblacional y territorial.
El informe destaca asimismo cómo la aparición de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro Sistema Nacional de Salud a la hora de afrontar la crisis sanitaria. La atención primaria necesita una dotación presupuestaria suficiente para recuperar su capacidad de resolución. Además, deberá contar con la reorganización de las competencias profesionales y la recuperación del prestigio social y profesional, haciéndola atractiva profesionalmente.
A su vez, es necesaria una mayor autonomía de gestión de los centros sanitarios públicos para facilitar la competencia por comparación, la integración asistencial y la coordinación entre niveles asistenciales.
A este respecto, la presidenta de SESPAS, Rosa María Urbanos, ha recalcado: “necesitamos reformas, y las necesitamos ya. Desde SESPAS queremos contribuir a la reflexión que ha de llevarnos a poner en marcha los cambios que el Sistema Nacional de Salud precisa”.
El informe también recomienda reformar las estrategias de vigilancia y prevención de las próximas pandemias, que deberán basarse en la coordinación multidisciplinaria bajo la estrategia One Health. La solidaridad y la cooperación entre profesionales de distintas administraciones ha sido el pilar que ha sostenido el sistema de vigilancia epidemiológica. A pesar de ello, se han detectado obstáculos fruto de la falta de coordinación, las desigualdades sociales en salud y, posteriormente, la fatiga pandémica, que han disminuido la adherencia y la efectividad de las medidas. A su vez, se ha puesto de manifiesto la necesidad de redimensionar estas unidades, dotarlas de profesionales con formación y equiparar las condiciones de trabajo y de remuneración con los servicios de salud.
Por otra parte, la pandemia ha revelado la fragilidad del sistema de cuidados de larga duración español. Su mejora, concluye el informe, debe ser una prioridad de nuestras políticas sociales. Parece imprescindible avanzar hacia modelos habitacionales alternativos para personas mayores, sin perjuicio de la necesidad de fortalecer la financiación del actual modelo de residencias. Esta mayor financiación se ha de acompañar de programas de formación del personal y sistemas rigurosos de acreditación de los centros, así como de mecanismos de control y de evaluación de resultados.
Finalmente, el informe también señala las carencias que España tienen en lo que respecta a la calidad de la democracia y a la confianza de la población en sus políticos, y apunta a la necesidad de que se produzcan cambios de gran entidad en la Administración pública para conseguir un mejor Estado.
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