El día 13 de marzo de 2013 el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha tomado en conocimiento el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el apartado 10.8 de su artículo único establece que al Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria (en el que se integran todos los profesionales de salud pública, excepto los veterinarios), le corresponden todas las funciones de Salud Pública, excepto “la salud pública no asistencial relacionada con la seguridad alimentaria de la cadena agroalimentaria “, funciones que le son adjudicadas textualmente en el apartado 10.9 al Cuerpo Superior Veterinario, apostillándose: “…así como ejercer de autoridad sanitaria e inspectora en materia de seguridad alimentaria de la cadena agroalimentaria”.
Esta aberrante propuesta contradice el ordenamiento legal español, desde los contenidos de las enseñanzas de grado, donde el control sanitario de los alimentos es compartido en diferentes titulaciones (veterinaria, farmacia, tecnología de los alimentos, química, biología, ingeniería agrónoma,…) hasta la reciente Ley General de Salud Pública, donde se establece que la Salud Pública tiene un carácter sectorial, transversal y multidisciplinar.
La adjudicación exclusiva del control sanitario de los alimentos a una única profesión (veterinaria) no puede significar sino un absoluto empobrecimiento de esta trascendental labor, con la consiguiente pérdida de calidad en la función, así como la vuelta a la concepción gremialista de los profesionales, ya abandonada hace siglos.
José Mª Ordóñez Iriarte, MPH, PhD
Presidente
Sociedad Española de Sanidad Ambiental