Introducción del documento publicado por SESPAS:
La existencia de conflicto de intereses es implícita a la naturaleza humana, y en el ámbito profesional está muy presente cuando se trata de tomar cualquier decisión. En el mundo sanitario el conflicto de intereses quizá sea más relevante que en otras áreas profesionales debido a las grandes cantidades de dinero que están en juego y al posible impacto sobre decisiones que afectan a la salud. Se ha definido el conflicto de intereses como “un conjunto de circunstancias que crean un riesgo de que el juicio profesional o las acciones respecto a un interés primario vayan a ser indebidamente influenciadas por un interés secundario”. El interés primario incluye el promocionar y proteger la integridad de la investigación, el bienestar de los pacientes y la calidad de la educación médica. El interés secundario no estaría limitado sólo a los intereses económicos, sino también al deseo de avance profesional, al reconocimiento de logros personales y a los favores a amigos, familiares, estudiantes o colegas.
El conflicto de intereses puede ser de diversa índole: económico, afectivo, de poder, de competitividad, de ego, ideológico, religioso, etc. Podría dividirse también en tangible o intangible, siendo tangible el económico e intangible aquel donde no existe la transmisión de un bien material. Aunque habitualmente el término conflicto de intereses hace referencia al que existe entre profesionales sanitarios y empresa privada, también puede haber ese conflicto con las administraciones públicas, ya sea por trabajar en ellas o por recibir financiación de ellas. A pesar de haberse estudiado en menos profundidad, el conflicto de intereses con las administraciones públicas podría tener una gran importancia, sobre todo cuando están implicadas las asociaciones profesionales sanitarias (AAPP). Este conflicto de intereses con las administraciones públicas surgiría cuando se contrapone un “objetivo político” frente a un “resultado basado en la evidencia” y no será objeto de la presente monografía.
El propio término conflicto de intereses es motivo de debate ya que en sí mismo tiene una connotación negativa (por la palabra “conflicto”), existiendo propuestas para denominarlo de otra manera. El “interés” es inherente a la condición humana. Son nuestros intereses los que nos hacen tomar decisiones y progresar hacia lo que creemos mejor para nosotros y para los demás. El conflicto de intereses no tiene por qué tener necesariamente un impacto negativo, sobre todo si se maneja adecuadamente y si no se oculta a terceras personas, pero su principal problema es que todos pensamos que no seremos nunca objeto de su influencia, y habitualmente no es así.
Es importante no asociar la existencia de conflicto de intereses con mala práctica o mala conducta, ya que no son sinónimos. Sin embargo, la presencia de conflicto de intereses puede generar una conducta científica inadecuada (scientific misconduct). De hecho, podríamos afirmar que la conducta inapropiada viene determinada casi siempre por conflicto de intereses de diversa naturaleza. Prueba de ello es un estudio realizado en más de 3.000 investigadores norteamericanos clasificados en postdoctorales o de carrera media. El estudio desveló que, de entre los 10 peores comportamientos de los investigadores, dos estaban relacionados con la industria. El primer comportamiento hacía referencia a no declarar adecuadamente su implicación en empresas cuyos productos se basaban en la propia investigación de los encuestados (un 0,3% reconocían este mal comportamiento). La otra mala conducta era “cambiar el diseño, metodología o resultados de un estudio debido a presiones de la fuente de financiación” y su frecuencia era del 15,5%. De todas las malas conductas sobre las que se preguntaba y que eran reconocidas por los investigadores, esta última era la que se presentaba con mayor frecuencia. En otras malas conductas, como falsificación de datos, apropiación de ideas o falta de ética en la investigación con humanos, la industria no jugaba aparentemente ningún papel.
Se desconoce el verdadero alcance del conflicto de intereses en la comunidad sanitaria, y muchos de los profesionales que toman decisiones a diario sobre la salud de los ciudadanos ignoran siquiera su presencia en la información que manejan o no le dan la debida importancia. Los procesos judiciales establecidos contra algunas compañías farmacéuticas en los Estados Unidos han permitido intuir la magnitud de su alcance, aunque sólo en parte y algunos autores han afirmado que la industria cruza frecuentemente la línea que separa el bienestar de los pacientes de la búsqueda de beneficios.
El conflicto de intereses económico es relativamente más fácil de ser detectado y cuantificado, mientras que los demás son tremendamente complejos de detectar y mucho más de cuantificar. Existen muchos ejemplos de conflicto de intereses que no tienen porqué tener un trasfondo económico como las creencias religiosas o morales (posicionamientos a favor o en contra de la interrupción del embarazo, investigación con células madre, clonación, etc). Esto pone de manifiesto que hay conflicto de intereses con un alcance más allá de lo económico y que podría incluso llegar a ser más grave, por desconocerse las razones que lo producen y por su difícil detección. Sin embargo, la ganancia personal, se traduce finalmente casi siempre en una ganancia económica (mejor empleo, mejor sueldo, más reconocimiento).
Las asociaciones profesionales (AAPP) juegan una importante labor en la educación sanitaria, tanto de la población general como en la formación de profesionales y en la cohesión de la profesión que representan. Tienen una gran responsabilidad ante la sociedad, ya que son vistas como una fuente de información fiable, independiente y por tanto prestigiosa por parte de los ciudadanos, con una gran capacidad de liderazgo. Tienen el deber ético de velar por la salud de los ciudadanos y promover aquellas actividades o intervenciones sanitarias que mejoren el bienestar de la población, además de la misión de guardar la integridad y dignidad de la profesión a la que representan. De la misma manera, las AAPP deben denunciar y evitar cualquier práctica que no promueva el interés general de la sociedad, que debe prevalecer ante un interés particular de la propia AAPP sanitaria.
En los últimos años, la industria ha jugado un papel creciente en la financiación de las AAPP sanitarias, que han ido permitiendo paulatinamente que muchas de sus actividades sean financiadas por la industria, a veces de modo exclusivo. Congresos y material para congresos, bolsas de viaje, becas de formación, páginas web, talleres, actividades de las juntas directivas, revista de la sociedad y un largo etcétera suponen parte de esta financiación. Ya hace años se afirmó que en nuestro país no se podrían hacer congresos sin la colaboración económica de la industria y que incluso las propias AAPP sanitarias no podrían existir sin sus aportaciones. En la actualidad esta situación ha empeorado y las AAPP son muy dependientes de las aportaciones de la industria, lo que claramente amenaza su independencia. Sin embargo, dicha financiación no es gratuita y demanda contrapartidas. En ocasiones, la agenda de las AAPP acaba siendo la agenda de la industria, lo que mina las decisiones de las primeras y su reputación. Algunos han indicado que estas prácticas no hacen sino poner en venta las AAPP sanitarias. La labor formativa que desarrollan las AAPP es a veces guiada por la promoción de productos de la industria, llegándose a afirmar que la financiación de la formación médica continuada en su forma actual es inaceptable y no debería continuar. El alcance del conflicto de intereses en las AAPP sanitarias es desconocido. Es muy difícil de medir y hay muy pocos estudios que lo hayan analizado o discutido, aunque la literatura al respecto está aumentando, lo que refleja una creciente preocupación por este tema.
Las AAPP no se caracterizan por tener grandes recursos económicos por sí mismas, ya que gran parte de su financiación proviene de las cuotas anuales de sus asociados. Otra fuente importante de financiación pueden ser los beneficios obtenidos de la celebración de reuniones anuales. Es muy probable que si las AAPP dependiesen exclusivamente de esas cuotas, muchas de ellas no serían sostenibles en su concepción actual. Existen claramente diferencias en el potencial económico de unas asociaciones profesionales frente a otras. La mayoría de las AAPP médicas cuyos asociados tienen un perfil eminentemente asistencial son fuertemente financiadas por la industria, celebran congresos en sedes más caras, tienen páginas web muy cuidadas, editan guías o monografías con los logos de la industria, tienen becas de investigación para sus socios… mientras que otras AAPP sanitarias sin una relación tan directa con los pacientes a los que indicar un tratamiento, o no tan ligadas a la prescripción o compra de tecnología, no tienen una disponibilidad de recursos tan evidente.
Es difícil conocer con exactitud las causas por las que la industria se ha implicado cada vez más en la financiación de las AAPP sanitarias o porqué las AAPP han buscado con insistencia en los últimos años el apoyo financiero de la industria para sus actividades. Para aumentar su credibilidad y favorecer el consumo de sus productos la industria busca comunicar los conceptos de autoridad, confianza y ciencia, conceptos que reúnen las AAPP sanitarias. Posiblemente las causas de unas relaciones tan intensas y estrechas se deban a 3 factores: 1) el aumento progresivo de los fondos de la industria dedicados al marketing y promoción de sus productos y a la búsqueda de nuevos entornos a través de los cuales ejercer esa promoción, 2) la complacencia y la tolerancia de muchas AAPP sanitarias a la financiación de la industria, unido al deseo de ofrecer más y mejores servicios a sus asociados con unos recursos limitados junto con una falta de reflexión sobre los potenciales problemas que se pueden derivar del conflicto de intereses y, 3) dejadez continuada de las administraciones públicas (de todos los proveedores de salud) sobre la formación de los profesionales sanitarios. Este hecho ha originado que gran parte de su formación sea financiada y seleccionada por la industria, que busca la colaboración de las AAPP sanitarias para canalizar la financiación de actividades formativas y obtener asistentes. Sin embargo, no hay que olvidar que es un deber ético de los profesionales sanitarios mantener sus habilidades al día.
Otra causa del problema reside en la formación que reciben los estudiantes de carreras sanitarias cuyos currículos no incluyen, o si lo hacen lo es de modo muy superficial, formación específica sobre la ética que debe regir las relaciones de los profesionales sanitarios con la industria. Estos estudiantes, que algún día formarán parte de los órganos rectores de las asociaciones profesionales sanitarias, ven con frecuencia y como algo normal la existencia de una estrecha relación entre los sanitarios y el personal de la industria. Muchos de ellos aceptarán sin problemas la entrega de obsequios, el pago de desplazamientos a congresos o reuniones, la retribución de honorarios para ponencias o la participación en estudios sanitarios y un largo etc porque lo han visto en colegas de más edad nada más finalizar sus licenciaturas. Algo similar ocurre con los profesionales sanitarios en formación. En cierta manera, trasladarán estos comportamientos y los permitirán cuando sean futuros miembros de las directivas de las AAPP sanitarias. Un estudio reciente ha demostrado que si se les recuerda a los médicos en formación hospitalaria el esfuerzo realizado durante su carrera, éstos son más proclives a aceptar regalos de la industria.
El profesionalismo que es exigible a todo personal sanitario en su comportamiento es también exigible a las AAPP sanitarias en sus actuaciones colectivas. Cualquier actuación de una AAPP sobre un producto sanitario repercutirá finalmente en la salud de los pacientes y por ello están obligadas a tomar decisiones exclusivamente basadas en la evidencia científica y no en otro tipo de condicionantes. Las relaciones de las AAPP sanitarias con la industria deberían basarse en tres principios, proporcionalidad, transparencia e independencia. Estos principios deberían ser considerados en cualquier relación con la industria para evitar el conflicto de intereses.
Las asociaciones profesionales sanitarias y la industria están envueltas actualmente en un círculo vicioso de dependencia mutua. Muchos socios de las AAPP son ajenos a este tipo de prácticas, tomando como buenas todas las recomendaciones emitidas por la AAPP a la que pertenecen, al igual que los ciudadanos. Analizar esta situación, reconducirla y regularla es un cometido urgente de las AAPP
sanitarias.
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